Representantes del pueblo Kakataibo exigen una acción inmediata y efectiva de parte de las autoridades para proteger a sus comunidades y detener la violencia que amenaza sus vidas y su territorio.

En conferencia de prensa realizada este miércoles 17 de julio del 2024, diversos líderes indígenas que conforman la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP) se declararon en estado de emergencia permanente debido “a la indolencia demostrada por el Gobierno tras los 24 días de inacción por la muerte del hermano Mariano Isacama Feliciano, líder Katakaibo”.

El asesinato de Mariano Isacama Feliciano fue el detonante para que los líderes de la principal organización indígena del Perú tomaran esta decisión. El cuerpo de Isacama fue hallado sin vida este domingo tras más de veinte días de reportada su desaparición.

En la conferencia de prensa, los delitos de narcotráfico y tala ilegal de árboles dominaron la conversación, pintando un cuadro sombrío de la situación actual. Los líderes presentes expresaron su confianza en la justicia peruana, pero advirtieron con firmeza que, de no haber un accionar inmediato, recurrirían a la implacable y ancestral “justicia indígena”. Sus palabras resonaron con la urgencia y determinación de quienes ya no están dispuestos a esperar.

Justicia indígena

Cuando se les preguntó sobre la implementación de la "justicia indígena", los líderes de AIDESEP explicaron que los miembros de sus pueblos, deben viajar entre cinco y seis días para presentar denuncias ante las autoridades estatales, y por lo general no reciben respuesta. Ante esta falta de atención, las comunidades deciden actuar siguiendo sus propios principios para enfrentar amenazas. 

Si bien no se explayaron en detalles, mencionaron que la aplicación de la justicia indígena se considera una medida crucial si el Estado no actúa en favor de la defensa de sus pueblos y sus tierras. Algunos líderes advirtieron que, de no haber intervención, ellos mismos se encargarán de los sospechosos, quienes ya están identificados y tienen vínculos con narcotraficantes.

Los representantes del pueblo kakataibo presentes en la reunión señalaron la presencia de cultivos de coca, de pistas de aterrizaje clandestinas y de constantes invasiones a sus territorios, ante la indolencia del Estado. “El gobierno regional de Huánuco no hace caso a nuestros reclamos, nos están discriminando constantemente”, señaló notablemente afectado uno de los presidentes comunales que asistió a la reunión.

Declaración de Emergencia: Coordinación y Defensa

En cuanto a proceso de declaración de emergencia, se detalló que cada organización regional afiliada a AIDESEP coordinará sistemas de control de caminos, identificando los medios por donde entran y salen las actividades ilegales.

Esta medida es un llamado desesperado por atención del Estado. Consideran, dentro de sus planes, solicitar armas al gobierno para ser capaces de proteger a sus comunidades de una manera más efectiva. Este pedido es un paso más en la escalada de violencia que se asoma a los territorios indígenas, cada vez más acosados por las actividades de grupos delincuenciales que pugnan por el control de mayores territorios para sus negocios.

La lideresa Tabea Cacique resaltó también las enormes dificultades que enfrentan las mujeres indígenas para enfrentar estas amenazas, además se refirió a los casos de violación, resaltando que el estado desvía la mirada y desatiende sus pedidos de justicia. 

Herlin Odicio, miembro del pueblo kakataibo y vicepresidente ORAU, la Organización Regional AIDESEP Ucayali más afectada por los asesinatos, fue enfático al mencionar que su pueblo se haría cargo de traer justicia para su gente. “Vamos a buscar a los asesinos y si lo encontramos, aplicaremos la justicia indígena. Todos los líderes presentes (en esta reunión) están amenazados de muerte. Les escriben y llaman amenazándolos”. Odicio también subrayó que la muerte de Mariano no fue un evento aislado ni imprevisto, ya que llevaba cuatro años recibiendo amenazas constantes. Sus palabras resonaron con la urgencia de una comunidad al borde, dispuesta a tomar la justicia en sus propias manos.

Con un panorama sombrío y una justicia estatal que parece inalcanzable, las comunidades indígenas se ven obligadas a protegerse. Esta situación refleja una profunda crisis de gobernabilidad y olvido, siendo estas medidas, un clamor desesperado por seguridad y justicia.